La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó una clausura total temporal en contra de la granja porcícola Kekén, localizada en Santa María Chi, municipio de Mérida, Yucatán. La acción responde a graves irregularidades detectadas en el manejo de aguas residuales, ya que la empresa responsable, Pecuaria Peninsular, realizaba descargas sin contar con el permiso correspondiente otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante una inspección de rutina, personal de la Profepa solicitó a la empresa exhibir el Permiso de Descarga de Aguas Residuales vigente, requisito indispensable para cualquier actividad de vertimiento de aguas contaminadas a cuerpos de agua nacionales. Sin embargo, la documentación presentada correspondía a otra razón social, lo que constituye una falta grave y un intento de evadir la regulación ambiental.
Esta irregularidad no solo implica el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, sino que además infringe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La legislación establece en sus artículos 88 y 88 Bis fracción I que toda persona física o moral que descargue aguas residuales debe contar con autorización expresa; de lo contrario, se enfrenta a sanciones administrativas, clausura de las actividades y, en casos más graves, procedimientos penales.
La empresa deberá cumplir con una serie de medidas correctivas
La Profepa señaló que las descargas irregulares de aguas residuales tienen un impacto crítico en el medio ambiente, ya que contaminan cuerpos de agua, afectan los mantos freáticos ,fundamentales en el estado de Yucatán por su tipo de suelo cárstico, y deterioran los ecosistemas locales, comprometiendo además la salud de las comunidades aledañas.
Cabe destacar que Kekén es una de las principales compañías productoras de carne de cerdo en el país, y su actividad ha sido objeto de diversas denuncias y controversias ambientales en el pasado, principalmente por el uso intensivo de recursos naturales y la generación de residuos contaminantes.
Tras la clausura, la empresa deberá cumplir con una serie de medidas correctivas, entre ellas la presentación de un permiso de descarga a nombre de la razón social correcta, así como implementar un plan de manejo de aguas residuales que garantice que su operación no represente un riesgo para el medio ambiente ni para la población.
La dependencia federal lanzó una serie de recomendaciones
La Profepa advirtió que mantendrá una vigilancia estricta en la región, en coordinación con otras instancias federales y estatales, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales y prevenir daños mayores a los ecosistemas y recursos hídricos de Yucatán, un estado que enfrenta crecientes desafíos en materia de conservación.
Finalmente, la dependencia federal exhortó a todas las empresas, especialmente aquellas dedicadas a actividades agroindustriales, a operar bajo los más altos estándares de responsabilidad ambiental, advirtiendo que continuará aplicando la ley de manera estricta para proteger los bienes naturales de la nación.
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